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Cuadernos de Periodistas .-

En el artículo, aparecido originalmente en The New York Reviews of Books, Michael Massing describe con todo lujo de detalles la campaña de descrédito desatada contra la gran prensa norteamericana no sólo por una Casa Blanca hostil, sino por los conservadores y la derecha cristiana.

El pasado septiembre, la Government Accountability Office (GAO), brazo independiente del Congreso de los Estados Unidos, descubrió que la Administración Bush se había embarcado en “propaganda encubierta”, y por tanto había violado la ley, al pagar a Armstrong Williams, un comentarista conservador, para que promocionara sus políticas educativas.

La GAO también acusó a la Administración de contratar a una empresa de relaciones públicas para que distribuyera fragmentos de vídeos de noticias sin revelar que el Gobierno había participado en su producción.
El informe de los auditores, resultado de un año de investigación, proporciona sorprendentes pruebas de la campaña que los funcionarios de Washington han estado haciendo contra la prensa libre e independiente.

Sólo unos meses antes se conoció que Kenneth Tomlinson, la persona elegida por el presidente para estar al frente de la Corporation for Public Broadcasting, había pagado a un ‘espía’ republicano para que controlara las tendencias políticas de los invitados al programa de Hill Moyers, Now, como parte de una estrategia más amplia para orientar la programación del Public Broadcasting Service hacia la derecha.

La Administración Bush ha restringido el acceso a los documentos públicos como ninguna otra administración lo ha hecho antes. Según un reciente informe sobre secretos de Estado realizado por Open The Government.org, una organización de control, el Gobierno federal clasificó un récord de 15,6 millones de nuevos documentos en el año fiscal de 2004, lo que supone un aumento del 81% respecto al año anterior a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Por otro lado, la desclasificación de documentos cayó a un nuevo mínimo. Lo que es más, el 64% de las reuniones del Federal Advisory Comité de 2004 se celebraron a puerta cerrada.

El Pentágono ha prohibido que las cámaras de televisión graben la llegada de ataúdes de Iraq y prohibió la publicación de fotografías de dichos ataúdes; una restricción que sólo se levantó después de que se hiciera una petición en virtud de la Ley de libertad de información.

Las restricciones se han vuelto tan rigurosas que la normalmente poco activa American Society of Newspaper Editors hizo el pasado otoño un ‘llamamiento a las armas’ a sus miembros, instándoles a que “exigieran respuestas en los periódicos y en los tribunales” para detener esta tendencia “profundamente alarmante”.

El columnista conservador William Safire, que suele apoyar las políticas de Bush, protestó el pasado septiembre porque “el derecho fundamental de América, a través de nuestra libertad de prensa, de analizar y criticar el trabajo de nuestro Gobierno está siendo atacado como nunca antes”.

Pero la campaña contra la prensa es sólo en parte el resultado de una Casa Blanca hostil. La estrategia de la Administración se ha ampliado mediante una campaña de opinión y de información bien organizada y disciplinada, dirigida por los conservadores y la derecha cristiana.

Esta red bien financiada incluye boletines informativos, grupos de expertos, programas de radio y de televisión por cable e Internet.

A menudo en colaboración con la Casa Blanca, estos emisarios han lanzado una campaña sistemática para desacreditar a lo que despectivamente llaman MSM, refiriéndose a los medios dominantes (mainstream media).

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